ESTADO SECUESTRADO

Por Narciso Isa Conde Santo Domingo. No es “tremendismo” afirmar que en  este país no hay vía institucional para ponerle fin a la impunidad que protege la enorme corrupción de los más altos funcionarios del Estado asociados a lo peor de las cúpulas empresariales, militares y policiales. Estamos frente a un gobierno corrupto y corruptor; y peor aún, frente a un Estado que no se le queda atrás, integrado por una cadena de mecanismos blindados, centralmente manipulados, que les garantizan impunidad precisamente a esos jorocones. En ese reino de la injusticia juegan roles relevantes Policía, Ministerio Público, Cámara de Cuentas, Congreso, altas cortes e importantes instancias del poder judicial; todas manipuladas desde el Palacio Nacional y cogollos partidistas por jefes políticos y magnates del capital, siempre bendecidos por monseñores del dólar. Cuando no es Juan es Juana la que obstruye procesos y condenas, o forman una Comisión como la de Punta Catalina para engañar a bobos e ingenuos. El Poder Constituido y “el poder detrás del trono” están conformados y mancuernados para frustrar toda iniciativa legal de la sociedad que procure justicia contra sus elites. Esto ha quedado reconfirmado a raíz de las reacciones de sus más conspicuos representantes frente a la “delación premiada” del funcionario de ODEBRECH que denunció el financiamiento con dinero sucio de las campañas presidenciales en varios países del Continente, entre ellos República Dominicana; lo que ha puesto en serios aprietos al presidente Danilo Medina y a la cúpula peledeísta. ¡Hay Joao de mi alma, “hacedor de presidentes”, cuanto pus ha desparramado! Aquí no hay Congreso para hacerles juicio político al Presidente y allegados. Ni sistema judicial para juzgar y condenar la corruptela ODEBREC-Estado Dominicano, Sun Land, Barrick, Falcondo, Valle Nuevo, Peme, Renove, Oisoe, Tres Brazos, Cea, Eges-Fonper, San Souci-Vicini, Antena Latina, mafia del transporte y combustibles, narco-política, narco-generales, areneros depredadores…No hay justicia contra traficantes, sicarios y femenicidas. No es el país que está corrompido, menos el pueblo. Es el poder establecido que está podrido y se auto-protege. El caos es lo que existe. No es equivalente a caos procurar desplazarlo y sustituirlo. Es pendejo proponer “llevar a la legalidad” a esta dictadura institucional pervertida y absurdo insistir en “pactar” con políticos y gobierno para superar el desastre que ellos mismos crearon. Esto pasó de lo legal a lo político. La vía es la democracia de calle: movilizaciones ascendentes que los obliguen a rendirse y posibiliten crear un nuevo poder pleno de justicia y libertad.

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