RED SOCIOAMBIENTAL NACIONAL
Por la defensa y protección de las cuencas hidrográficas y las leyes de
Ordenamiento Territorial y la de Agua, sin posibilidad de privatización
La Red Nacional Socioambiental proclama la defensa y protección de las cuencas hidrográficas, la Ley de
Ordenamiento Territorial y la Ley de Agua como instrumento para la real defensa del agua como tesoro
y patrimonio invaluable de la nación, cuya protección debe ser una prioridad de la administración del
Estado.
El colectivo, surgido en una gran Asamblea Nacional de organizaciones ambientales y sociales, reunidas
en 3 de julio del presente año, desde donde surgió un comité de seguimiento que el 20 de agosto
asumió el nombre de esta Red, y de inmediato se dio un plan de trabajo que implica llegar a todos los
rincones del país promoviendo la defensa de los recursos naturales, priorizando la defensa del agua
como un tesoro que vale más que el oro.
Esta Red está de acuerdo con que se conozca la Ley de Agua, pero una legislación que no enajene un
bien público como es el agua, y que garantice su acceso a toda la población, en cantidad, calidad y
buen precio para que nadie se quede sin la posibilidad de hacer uso de este recurso indispensable para
la vida humana y de la naturaleza ambiental.
Una Ley de Agua que regule su uso, sin discriminación de ningún tipo, que llegue a los hogares como lo
que es, el principal alimento de los seres vivos y de los humanos principalmente. Además, que
reglamente y vigile su adecuada utilización, priorizando este bien como derecho de todos y se cambie
la cultura que reduce a unos pocos el uso del recurso agua.
La Red está consciente de que, para tener agua de manera sustentable, mantener una producción
sostenible y un medio ambiente saludable, se requiere:
-Que haya una real protección de las cuencas, de los bosques nublados, de las cordilleras, donde los
residentes en las zonas de impacto sean los propios guardianes de estos recursos naturales, porque ya
han sido sensibilizados al respecto y orientado sobre los cuidados para mantener vivos estos
ecosistemas, además de sus conocimientos tradicionales aplicados y validados científicamente.
-Que nuestras aguas no sean un bien económico, sino un derecho de todos, por lo que este colectivo
asumió el compromiso de llegar a las poblaciones con un plan de educación sobre el recurso agua, la
necesidad de su uso racional, y el imperativo de que es un bien finito.
-Que pongamos fin a la minería irresponsable que se practica en el país, porque consume gran cantidad
de agua, destruye ecosistemas completos, por lo se hace necesario,
-Que las autoridades que representan al Estado dominicano sean capaces de sopesar el valor del agua
respecto al del oro: uno sirve para adornar la vanidad y otro para hacer sustentable la vida de todos; esa
es una gran disyuntiva en la que hay que pensar y por esa razón hemos constituido este colectivo.
La gestión del agua de manera segura, lo que sugiere como un derecho humano, no como una
mercancía es un Objetivo para el Desarrollo Sostenible, el número 6 de la agenda y esta tiene como
meta el 2030, o sea, dentro de un poco más de siete años, por lo que esto implica que miles de millones
de personas quedarán sin agua y saneamiento a menos que el progreso se multiplique por 4, según
cálculos de la OMS y UNICEF.
La sequía, los incendios, las inundaciones generadas por el cambio climático hace que el agua sea un
recurso vulnerable que pone en riesgo la vida como la conocemos hoy. Es por esta razón que debemos
ser celosos de nuestras aguas, porque hay acaparadores, <capitales buitres> que quieren capitalizar las
propuestas legislativas sobre agua. Estos buscan aprovecharse de los aires privatizadores que se
respiran en el ambiente político estatal, además de las limitaciones de recursos financieros del
Gobierno, con el objetivo de quedarse con el control de este recurso natural indispensable para la vida.
Ante este panorama, hay que estar bien consciente de lo que nos puede ocurrir con el movimiento
sobre Alianzas Público Privada entre Gobierno y grupos privados que buscan invertir en este bien de la
naturaleza e indispensable para la vida, solo con el objetivo particular de obtener ganancias y aumentar
sus finanzas privadas a costa de un recurso de toda la población.
El Congreso Nacional debe entender que es preferible que haya una Ley que <blinde> las posibilidades
de enajenar nuestro bien de vida, como son los recursos naturales y especialmente el agua para que no
pueda concesionarse como una mina.
Reiteramos la proclamación del derecho humano al agua formulado por las Naciones Unidas en julio de
2010, por ser garante de otros derechos: el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación a la
producción y a la dignidad.