Santo Domingo.– En una jornada llena de compromiso y determinación, la Red Socioambiental Nacional celebró su Cuarta Asamblea en el Colegio Médico de Santo Domingo el pasado domingo 3 de diciembre. Organizaciones de todo el país se congregaron para compartir experiencias, analizar desafíos y trazar estrategias en defensa del medio ambiente y, especialmente, del recurso vital que es el agua, frente al riesgo de privatización de este bien público y para mantener una vigilancia activa y prevenir cualquier maniobra encubierta.
En esta Asamblea:
- Se enfatizó que el agua se ha convertido en un recurso codiciado a nivel mundial, y la República Dominicana no es una excepción. Se subrayó la necesidad de proteger el agua como patrimonio nacional y cómo las concesiones mineras comprometen enormes cantidades de agua.
- Se cuestionó la postura del Estado, que, al parecer, se pliega a las demandas del capital internacional y muestra desconfianza hacia la capacidad técnica local para gestionar el agua. Se abogó por la gestión estatal efectiva y transparente, comparándola con la inversión inmediata en otras áreas críticas.
- Se reafirmó la creencia en la necesidad de una ley de agua que garantice el acceso como derecho fundamental, priorizando la protección de cuencas, reforestación y penalizando la explotación desmedida por sectores como la minería.
Como conclusiones de esta Asamblea:
- Se acordó iniciar la elaboración de una propuesta de ley que refleje las aspiraciones colectivas y garantice la gestión honesta y sostenible del agua, que sea autosuficiente económicamente y que no requiera su privatización, asegurando un suministro justo y equitativo, involucrando a los ciudadanos en la comprensión de que el agua es un recurso en riesgo y que requiere una distribución justa y a precios razonables para todos los usuarios, tanto urbanos como rurales.
- Se propuso incluir un capítulo específico en la ley que aborde la relación entre la gestión del agua y las concesiones mineras, reconociendo la prioridad de leyes posteriores.
- Se recogieron numerosas propuestas para el desarrollo de un Plan de Acción para la defensa del agua.
La Red Socioambiental Nacional reafirma su oposición a la privatización del agua, propuesta en varios anteproyectos de ley emanados desde los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Esta postura originó la formación de la Red en 2020, tras la aprobación por parte del Senado de una propuesta que contemplaba la concesión del recurso hídrico. Esta propuesta, que finalmente no prosperó en la Cámara de Diputados, fue mencionada por el actual gobierno en su discurso de toma de posesión el 16 de agosto de 2020 y reiterada el 27 de febrero de 2021 en su primera rendición de cuentas.
Es importante destacar que, para permitir que el actual director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) asumiera su cargo, se modificó la ley que regula dicho organismo, flexibilizando los requisitos del perfil profesional. Este director, al asumir, mostró interés en promover la Alianza Público-Privada en el sector del agua.
Han sido realizadas varias propuestas de ley execrables, donde se reemplaza el término “concesión” por “Derecho Real Administrativo”. En ellas se plantea la cesión por 40 años de un derecho real sobre el agua para que entidades privadas puedan lucrar, creando así riquezas a partir de un bien público y patrimonio inalienable del país.
Identificamos leyes aprobadas en esta administración, como la Ley de Fideicomiso, la 47-20 sobre Alianzas Público-Privada, y la de Ordenamiento Territorial, que están vinculadas con la privatización del agua. Por ello, consideramos que el peligro y las amenazas son reales y requerimos una vigilancia constante.
Creemos necesario reformar la gestión del agua para garantizar este derecho humano fundamental a todos los ciudadanos, asegurando así el acceso a la alimentación, la salud y la dignidad.
La mayoría de las organizaciones que integramos este colectivo nos abstuvimos de participar en el llamado Pacto del Agua, impulsado por el gobierno el 16 de agosto. Paralelamente, en el INAPA se negociaba un convenio con la empresa israelí MEKOROT, que finalmente no se concretó por incumplir con la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
El agua, recurso vital para el país, debe ser protegida. Esto implica cuidar sus cuencas y revisar las concesiones mineras, que representan otra forma de privatización del recurso debido al alto consumo que requieren las prácticas extractivas.
El agua es un derecho y vale más que el oro. Decimos NO a su privatización.
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