Amplio reportaje de La Izquierda Diario.

Diversas organizaciones sociales han anunciado que participarán, este 19 de julio, en lo que se ha dado en llamar la “tercera toma de Lima”, lo cual implica movilizaciones y acciones de protesta contra el gobierno golpista y represor de Dina Boluarte el mismo que es responsable de los casi 70 fallecidos y los 1400 heridos que dejó la brutal represión policial-militar a las y los manifestantes que participaron en el pasado levantamiento popular de diciembre (2022) y enero-febrero (2023).

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El próximo miércoles 19, organizaciones sociales, sindicales y políticas convocan a retomar las protestas contra el gobierno golpista de Dina Boluarte. Las protestas bajo el nombre de la “tercera toma de Lima” se da en un contexto diferente a las anteriores de enero y febrero.

Reproducimos el artículo de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST) de Perú publicado en La Izquierda Diario en ese país.

Esta nueva oleada de anuncios de protestas y movilizaciones se dan en un marco parcialmente distinto al proceso de lucha de enero y febrero pasados, luego de que el congreso junto al Tribunal Constitucional, de mayoría fujimorista, avanzara en diversas disposiciones orientadas a “blindar” a este poder de Estado, permitiendo que sea el mismo congreso que califique si se ha producido el retiro de la “confianza” a miembros del poder ejecutivo. Con esta resolución, el máximo órgano de control constitucional otorga al congreso la facultad de determinar cuándo se produce esta pérdida de confianza, convirtiendo a este órgano del Estado en fiscalizador de sus propias resoluciones e impidiendo de esta manera la posibilidad de la vacancia y el cierre del congreso por parte del ejecutivo. Así mismo, el congreso se ha puesto la tarea de enjuiciar a los miembros de la Junta Nacional Electoral, así como a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, buscando imponer el absoluto control de todos los poderes del Estado detrás de la corrupta casta política congresal.

Todas estas medidas, que incluyen una irregular elección del Defensor del Pueblo, están orientadas a fortalecer las malogradas instituciones de la democracia fujimorista, avanzando en la concentración del poder y en formas cada vez más totalitarias de su ejercicio, como ya denuncio la JNJ (Junta Nacional de Justicia) ante la CIDH semanas atrás. Es por todo esto que la golpista Dina Boluarte ha anunciado su voluntad de permanecer en el cargo hasta el 2026, burlando una vez más sus propias declaraciones de convocar a elecciones anticipadas.

Por otro lado, el anuncio de las protestas se producen en momentos en que la economía peruana empieza a mostrar síntomas de estancamiento y de “recesión técnica” agravando no solo las dificultades financieras y económicas del gobierno golpista, sino también las penurias del movimiento de masas lo cual puede alentar que franjas de la población se sumen a las protestas del miércoles 19 de julio.

La respuesta del gobierno: aceitando los mecanismos represivos

Frente a las movilizaciones anunciadas para este 19 de julio, el gobierno ha endurecido sus “políticas de seguridad”, por eso, junto a los militares, la policía nacional y los gremios empresariales, buscan evitar que las y los manifestantes lleguen a la ciudad de Lima, para lo cual han reavivado el “terruqueo” y vienen implementando una serie de medidas represivas orientadas a debilitar las probables protestas sociales en todo el país.

Recordemos que desde que Dina Boluarte asumió el gobierno, a través de un golpe parlamentario, su soporte principal han sido las fuerzas represivas (fuerzas armadas y policía nacional), además del gran empresariado vinculado estrechamente al capital imperialista y la mayoría parlamentaria altamente desprestigiada.
Esto ha llevado a que el desprestigio del ejecutivo y del conjunto de poderes del Estado se acreciente, lo cual quedó claramente graficado en las últimas encuestas realizadas por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), donde se pone de manifiesto que más del 90% de peruanos rechazan la actual gestión del Parlamento, mientras que el 80% de la población encuestada desaprueba la gestión de la presidenta golpista. Sin embargo, los sectores empresariales no opinan lo mismo, por esa razón, una reciente encuesta realizada por la empresa IPSOS y publicada el pasado 11 de julio en la revista Semana Económica, da cuenta que el 71% de los empresarios del país aprueban la gestión de Boluarte.

Esto último estaría directamente relacionado a que el gobierno, no solo ha mantenido incólumes los beneficios de los grandes capitalistas, sino que también, les ha demostrado por la vía de los hechos, que desde el ejecutivo están dispuestos a enfrentar a sangre y fuego las manifestaciones sociales que siempre son vistas como un problema por los sectores empresariales, y más cuando estas protestas ponen por delante la necesidad de acabar con el orden político y jurídico de 1993.

A pesar de todo ello, el gobierno no deja de ser un gobierno débil que, como se puede apreciar en las encuestas ya mencionadas y en la propia actitud de la mayoría de la población, no cuenta con una base social que lo sostenga, por eso su apoyo concreto para hacer gestión y para poder mantenerse a la cabeza del ejecutivo, son las fuerzas represivas y un congreso odiado por la población. Es por eso que, para evitar que ese descontento social latente se vuelva a manifestar en las calles este 19 de julio, y que a partir de ahí se pueda abrir un nuevo proceso de luchas sociales, desde el gobierno vienen llevando adelante una serie de operativos orientados a debilitar las protestas y estigmatizar a los manifestantes con el objetivo de crear miedo en la población e imponer, bajo lógicas represivas, la “tranquilidad social”, tan aplaudida por los empresarios.

Para implementar estas iniciativas, el gobierno ha vuelto a poner en práctica su alianza estratégica con los militares, a los cuales, el pasado 6 de julio les transfirió la importante suma de 12.2 millones de soles, este dinero que no estaba presupuestado, a decir del ministerio de Economía y Finanzas, tendría como finalidad “reactivar la economía al mitigar los riesgos de pérdidas económicas”. Estos recursos, según informó luego el ministerio de Defensa, se repartirán de la siguiente manera: 5 millones para el ejército, 4 millones y medio para la marina y 2 millones 700 mil soles para la fuerza aérea.

A estas iniciativas financieras orientadas a fortalecer la represión, se han sumado los grandes banqueros, por eso, la semana pasada importantes bancos como el Interbanck, Scotiabanck y el banco Sudameris GNB, hicieron llegar una “donación” de casi 5 millones de soles al ministerio del Interior, el cual es el órgano político del cual depende la Policía Nacional. Esta “donación” que según los donantes buscaría “la ejecución de acciones de apoyo permanente de los diversos programas de apoyo a la policía”, en realidad lo que persigue es tener contentos a los altos mandos policiales y dispuestos a reprimir a la población cuando sea necesario.

Esta bien engrasada maquinaria policial-militar ya está funcionando, por ello, desde la semana pasada se ha implementado desde el ejército y la policía nacional, toda una campaña de espionaje y seguimiento a quienes se considera como supuestos promotores de las acciones de protesta. En ese entender, se declaró en emergencia por 30 días la Red Vial nacional, lo cual está encaminado a que personal militar pueda acompañar a los efectivos de la policía nacional en la vigilancia y control de las carreteras, evitando de esta manera que la población pueda trasladarse de un lugar a otro para realizar acciones de protesta. También se estaría evaluando la posibilidad de declarar en emergencia otras regiones, además de Puno, donde las movilizaciones podrían tener mayor impacto, lo cual implica recortar totalmente las libertades de circulación y de reunión de la población.

En ese marco se puso a funcionar en la ciudad de Lima, el denominado plan “abanico verde”, el cual busca evitar que las y los manifestantes de regiones del interior puedan llegar a la ciudad de Lima, por eso, contingentes policiales se han apostado en todas las entradas a la ciudad capital y vienen realizando una operación de reglaje detallado.

A esta campaña represiva se ha sumado muy entusiastamente el actual alcalde de Lima, el ultraderechista Rafael López Aliaga, quien ha puesto a disposición de la policía nacional las casi 200 cámaras filmadoras con las que cuenta el municipio limeño, para de esa manera identificar y penalizar a la población que decida salir a protestar este 19 de julio. Además de ello, desde los canales de señal abierta se han retomado las groseras campañas de “terruqueo” contra los manifestantes, para lo cual vienen utilizando las declaraciones de una supuesta dirigente de la facción de Sendero Luminoso, “proseguir”, quien llama a que la población se pliegue al paro del 19 de julio.

¿Cómo se vienen preparando las movilizaciones para el 19 de julio?

Diversos sectores sociales han llamado a protestar este 19 de julio. Sin embargo, no existe una unidad de criterios ni de demandas. Al igual que con el proceso de lucha de diciembre, enero y febrero pasados, las direcciones sindicales y de diversos movimientos sociales han trabajado para mantener la división y la fragmentación de los sectores dispuestos a movilizarse contra Boluarte. La llamada tercera Toma de Lima, en realidad se transformará en una jornada nacional de protesta que probablemente aperture un conjunto de movilizaciones y protestas con resultados difíciles de prever hoy. Sin embargo, es necesario señalar que luego de 8 meses desde la vacancia y encarcelamiento de Pedro Castillo el desgaste del régimen y el gobierno se han profundizado, empujando a franjas de clases medias a expresar su rechazo. En los últimos días, grupos de estudiantes universitarios han anunciado su participación en las protestas, llegando incluso a tomar el rectorado de la Universidad Mayor de San Marcos en solidaridad con las protestas y contra el gobierno de facto.

En ese entender, desde sectores derechistas y liberales expresados en personalidades como las periodistas Rosa María Palacios y Juliana Oxenford, se han pronunciado por hacer del 19 de julio una jornada de lucha por la democracia, ya que, a su entender, Boluarte, de la mano de la fiscal de la nación y la mayoría parlamentaria, estarían vulnerando los pilares de la democracia burguesa, la cual en nuestro país se sostiene jurídicamente en la Constitución Política de 1993. Estos sectores hacen énfasis en la necesidad de que se dé un adelanto de elecciones como salida estratégica para de esa manera relegitimar el actual régimen político que fue duramente cuestionado por los miles de manifestantes que salieron a pelear en el pasado levantamiento popular.

Desde la izquierda reformista y las centrales sindicales controladas por la burocracia sindical, como la CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú), SUTEP (Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú), CUT (Central Unitaria de Trabajadores del Perú), entre otras, también están convocando a una jornada nacional de lucha para el miércoles 19 de julio. Las demandas centrales de estos sectores también son el adelanto de elecciones generales, el cierre del congreso, la sanción a Dina Boluarte por las 70 muertes que dejó la represión policial-militar al levantamiento popular. Si bien hablan de luchar por una constituyente para dar vida a una nueva constitución, asumen que el proceso constituyente deberá condicionarse a un referéndum aprobado por el congreso. Formulada de esa manera, esta consigna pierde su relevancia y se convierte en una mera demanda por una reforma constitucional, que, de darse, quedaría enchalecada a la institucionalidad del régimen del 93 imposibilitando cualquier cambio de fondo como ocurrió hace poco en Chile.

Estos sectores de la izquierda reformista y de la burocracia sindical, junto a nuevos espacios de organización como la CONULP (Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú), realizaron hace poco el denominado “I encuentro nacional de los pueblos y organizaciones del Perú”, donde aprobaron una serie de caracterizaciones de la actual situación política nacional y acuerdos de cara a lo que sería el proceso de lucha que se abre el 19 de julio. Sin embargo, este evento, fiel a los métodos que suele llevar adelante la burocracia sindical, se hizo sin contar con la participación de delegados plenos elegidos en cada base y región, por tanto, tuvo un carácter marcadamente superestructural, lo cual no ayudó a preparar adecuadamente la participación masiva de la clase obrera y los sectores populares en este nuevo proceso de lucha. Como consecuencia de estos hechos, sectores estratégicos de la clase obrera peruana como el proletariado minero del interior del país, o de los sectores de servicios de Lima (sector transportes, puertos, entre otros), no se han planteado la posibilidad de paralizar para esas fechas.

Sin embargo, el descontento del grueso de la población con el gobierno asesino de Dina Boluarte es grande y, si bien, después de la brutal represión policial-militar que costó casi 70 muertes, las manifestaciones y las acciones de protesta en las calles se aplacaron, eso no implica que el gobierno haya logrado legitimarse ni mucho menos. La bronca contra el gobierno se mantiene latente y este 19 de julio podríamos asistir a la apertura de un nuevo proceso de luchas sociales.

Lo que queda por hacer. Impulsar la unidad democrática de las luchas, sostener un programa y estrategia independiente, alentando la autoorganización desde abajo

Frente a la política que desde la CGTP, la CONLUP y sus diversas fracciones así como desde la federación minera, el SUTEP, y otras organizaciones sociales y sindicales basada en limitar la protesta, imponiendo resoluciones sin alentar la deliberación de las bases movilizadas y trabajando para impedir cualquier forma de coordinación democrática, es que desde la Corriente Socialista de las y los Trabajadores (CST) consideramos urgente oponerle otra política, independiente y que aspire a derrotar no solo el golpismo de Boluarte y el congreso sino a todo el régimen reaccionario de la Constitución del 93.

Frente al divisionismo impulsado por las más variadas burocracias sindicales, maoístas o indigenistas es urgente exigir a todas las organizaciones movilizadas la convocatoria a un gran Encuentro de organizaciones obreras, campesinas, indígenas, estudiantiles y más en general de todo el pueblo pobre para que sobre la base de un debate y una organización democrática determinar no solo un programa unificado de lucha sino también los pasos a seguir hasta que caiga el régimen y el gobierno golpista. De este encuentro podrá surgir una Comando o Comité Nacional de lucha que pueda unificar y centralizar todos los esfuerzos para potenciar la movilización.

Es por ello que nosotros desde la CST rechazamos al gobierno golpista y asesino de Dina Boluarte, ya que lo consideramos un gobierno al servicio de los capitalistas y de la casta política congresal, así mismo, porque consideramos que su asunción es consecuencia de un golpe parlamentario maquinado por los sectores más reaccionarios del Congreso en complicidad con los medios de comunicación, la Fiscalía de la Nación, las fuerzas armadas y policiales. Y porque es responsable directo de los 70 asesinados en las manifestaciones llevadas a cabo cuando se dio el levantamiento popular de diciembre (2022) y enero-febrero (2023).

Así mismo, rechazamos y condenamos la represión policial contra quienes vienen desarrollando acciones de lucha en las diferentes regiones del país y hacemos un llamado al pueblo y a las y los trabajadores a movilizarse contra este gobierno, y en ese marco ir desarrollando espacios de auto organización obrera, campesina y popular desde donde pelear por la implementación de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana como salida política a la presente crisis.

Solo una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, nacida de la movilización social y sostenida en espacios de auto organización obrera, campesina y popular, permitirá que se exprese realmente la voluntad popular. Aquí sus miembros podrán ser revocables según la voluntad de sus electores, y cobrarán el salario de un trabajador calificado, terminaremos así con los privilegios de los actuales congresistas y evitaremos que se transformen en una casta política divorciada de las grandes mayorías como sucede actualmente.

Una Asamblea Constituyente de este tipo, es decir, con las facultades de intervenir y abordar todos y cada uno de los grandes problemas nacionales, sin restricciones de ninguna índole y sin la posibilidad de que instituciones del régimen fujimorista puedan vetar o rechazar sus resoluciones, es una Asamblea que puede permitir a las grandes mayorías trabajadoras y del pueblo pobre llegar al convencimiento de que solo con un gobierno de las y los trabajadores y el pueblo podrá avanzarse en resolver las grandes demandas de trabajo, tierra, salud, educación etc.

¡Abajo el gobierno golpista de Dina Boluarte!

¡Libertad a todos los detenidos y procesados por las movilizaciones!

¡Justicia para las víctimas y sus familias de las masacres del Cusco, Apurimac, Puno y de todas las regiones!

¡Por un encuentro nacional de todas las organizaciones en lucha para definir, sobre la base de delegados y delegadas elegidas democráticamente, la continuidad de la lucha!

¡Por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, abajo el régimen fujimorista del 93!

¡Todos a las calles este 19 de julio!